Los estudiantes ven con buenos ojos esta posibilidad para realizar la prueba, a la que se presentarían casi 7.000 personas.
El Ministerio de Justicia prepara para el próximo mes de julio un examen de acceso a la abogacía de forma telemática, después de que tuviera que suspender la convocatoria programada para el 28 de marzo debido a la pandemia de coronavirus, según ha informado el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
La prueba, a la que estaba previsto que se presentaran 6.780 aspirantes en distintas sedes en toda España, quedó aplazado el pasado 10 de marzo, varios días antes de que se declarara el estado de alarma, debido a la «incidencia» que estaba teniendo ya en la población el contagio de Covid-19. Hasta ahora, mes y medio más tarde, no se había planteado una nueva fecha ni la forma en que se podría celebrar.
Desde Justicia sólo se había dicho que «tan pronto como las autoridades sanitarias lo autoricen, se procederá a fijar una nueva fecha de realización de la prueba, publicándose en la página web del Ministerio de Justicia la nueva fecha con al menos tres semanas de antelación a su fecha de celebración».
Ahora, una vez aprobado por el Gobierno el plan de desescalada del confinamiento, el departamento que dirige Juan Carlos Campo estudia la manera de poder convocar el examen para el próximo julio, sin especificar aún la fecha, y de forma telemática para evitar la concentración de cientos de personas en las sedes establecidas para su celebración.
Desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (Conede), organización que representa a los 120.000 estudiantes de Derecho de España y compuesta por los representantes de 63 universidades públicas y privadas de las 17 comunidades autónomas, valoran esta posibilidad porque satisfaría algunas de sus reivindicaciones.
Según destaca, de ser en julio el examen «se celebraría en un plazo máximo de tres meses, se evitarían los problemas sanitarios y relativos a desplazamientos de personas, desaparecería la problemática en relación a la búsqueda de nuevas sedes, permitiría aparentemente una reducción en los plazos de corrección de la prueba y, por tanto, redundaría en una reducción del tiempo necesario para que los aspirantes que resultasen aptos se pudiesen colegiar para ejercer la profesión». Además, incide en que esta solución planteada no tendría en principio una «incidencia directa» sobre las pruebas de 2021 y la segunda prueba anual, que se podría convocar en torno al mes de octubre.
No obstante, el consejo de estudiantes cree que hay todavía muchas cuestiones que se deben aclarar de cara a la concreción de las reglas a establecer para la prueba, como cuál será la duración de la misma, al tiempo que reclama que los aspirantes puedan avanzar y retroceder libremente entre las preguntas y que tengan libertad para resolver el examen en el orden que deseen.
También pide el establecimiento de un sistema para aquellos aspirantes cuyas circunstancias personales no permitan la correcta participación en la prueba, tales la falta de espacios, de medios o de una correcta conexión a Internet. Para ello, considera «primordial la colaboración conjunta entre el Ministerio de Justicia, el CGAE, los colegios profesionales y las comunidades autónomas para que puedan facilitar medios o lugares para aquellos aspirantes que lo necesiten».
De igual modo, plantea que se adopten medidas preventivas que den solución a incidencias que se puedan producir durante la prueba como la pérdida temporal de conexión a Internet, los fallos eléctricos o los problemas informáticos y del sistema de examen.
