Se propone mantener el carácter eminentemente práctico de la regulación de acceso a las profesiones de abogado y de procurador, al tiempo que se fomenta la especialización y se flexibiliza la estructura de la prueba.
El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que acometa una reforma «estructural» de la nueva prueba de acceso a la Abogacía con el fin de que esté compuesta por 40 preguntas tipo test y un caso práctico sobre una disciplina jurídica que previamente elija el graduado.
La plataforma, que representa a los estudiantes de Derecho de las Universidades Carlos III de Madrid, Alicante, Cantabria, Complutense de Madrid, A Coruña, Antonio de Nebrija, de Barcelona, Rovira iVirgili, de Alcalá, de Deusto, Católica de Valencia San Vicente Mártir, de León, Miguel Hernández de Elche, de Castilla-La Mancha, de Santiago de Compostela y deSalamanca, aboga por que el graduado seleccione entre el orden civil, el penal, el administrativo o laboral para posteriormente realizar la segunda fase del examen que consistirá en un caso práctico.
De este modo, según informa en un comunicado, se mantiene el carácter «eminentemente práctico» de la regulación de acceso a las profesiones de abogado y de procurador, al tiempo que se fomenta la especialización y se flexibiliza la estructura de la prueba.
El Consejo ha demandado al Ministerio que impulse las reformas normativas y reglamentarias oportunas para que la realización de «vías de especialización en el seno de los másteres de acceso se convierta en una realidad a la vista de la modificación estructural de la prueba nacional que reclaman los representantes de estudiatnes de Derecho».
El Consejo ha señalado igualmente que el número de plazas de especialización ofertadas en la actualidad, no resulta suficiente para cubrir la demanda presente y especialmente futura, de grado y licenciatura, sin perjuicio de la prioridad de los primeros.
En cuanto a los precios de estos cursos, entienden que las instituciones públicas deberían dedicar el máximo esfuerzo presupuestario para garantizar la accesibilidad de los estudiantes al máster. (EUROPA PRESS).
